El proyecto de Rendición de Cuentas modifica los requisitos establecidos en 2023 y reafirmados en 2025 para aplicar multas mediante radares, consistente en la instalación de un radar pedagógico que informe previamente la velocidad permitida, ubicado máximo a 100 metros. Los sustituye por la “señalización correspondiente”de acuerdo con normas generales sobre tránsito y seguridad vial, liberando así, al MTOP de cumplir las condiciones específicas fijadas por el Parlamento años anteriores.

Autoconvocados propone destinar las multas recaudadas por el MTOP y el Ministerio del Interior a los subsidios que se financian con el gasoil, para reducir o contener su precio. La propuesta implica revisar los destinos previstos para esas multas, comenzando por el artículo 85 del proyecto de Rendición de Cuentas, que destina las multas del Ministerio del Interior a la adquisición de dispositivos de fiscalización, en concreto, a la adquisición de anillos digitales.

El Senado descartó la propuesta que habilitaba un régimen de excepción para la importación de camiones usados. La redacción dejaba pendientes aspectos como la delimitación de los tipos alcanzados, las competencias de la ley y la reglamentación y las condiciones para su aplicación. La discusión fue postergada. El tema sigue abierto.

El proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, que se encuentra a estudio del Parlamento, propone modificar el artículo 365 del Código Penal. Habilita la incautación preventiva de vehículos que circulen con matrículas ausentes, adulteradas, alteradas o ilegibles, o que correspondan a otro vehículo. ¿Qué ocurre cuando una matrícula se despinta y deja de ser legible?

Aunque parece un simple documento para acompañar una carga, contiene información capaz de revelar mucho más recorridos, operaciones, clientes, mercaderías y vínculos comerciales. El sistema de Guía Electrónica de Carga del Transporte abre una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el uso de esa información? 

Una guía que existe desde hace décadas puede convertirse en un sistema digital que conecte organismos, datos y actores de toda la cadena. 

El cambio parece tecnológico, pero también modifica la forma en que el Estado controla y utiliza la información.

El Proyecto de Ley de Competitividad incorpora la trazabilidad al Registro Nacional Frutihortícola y habilita al Poder Ejecutivo a definir cómo funcionará el sistema. La regulación deberá determinar qué información se recoge, cómo se registra y hasta dónde puede llegar su utilización por parte del Estado.