El artículo 149 incorpora a los contribuyentes del literal E al ámbito del Impuesto al Patrimonio. Por sí solo, esto no es un beneficio: significa que empresas que actualmente están excluidas del impuesto pasarían a quedar comprendidas.

Pero el artículo 150 introduce una respuesta importante. Habilita al Poder Ejecutivo a establecer para estas empresas un régimen opcional y simplificado para determinar el patrimonio fiscal. ¿Por qué esto puede ser beneficioso?

Porque una empresa pequeña no tiene la misma estructura económica ni administrativa que una empresa grande. No debería necesitar necesariamente la misma cantidad de cálculos, valuaciones y procedimientos para determinar su patrimonio a efectos fiscales.

Por eso, la ventaja para la pequeña empresa está en que, si la reglamentación utiliza adecuadamente esta facultad, podrá determinar su patrimonio mediante un procedimiento más sencillo, menos costoso y más previsible.

El beneficio no consiste entonces en que desaparezca el Impuesto al Patrimonio. Consiste en que, al incorporarse nuevas empresas al impuesto, se crea al mismo tiempo una vía para que su cumplimiento pueda hacerse de manera simplificada.

Para una empresa pequeña, el costo de un impuesto no es solamente el dinero que se paga.

También existen costos de administración: reunir información, realizar cálculos, preparar declaraciones, determinar valores fiscales y contratar asesoramiento profesional.

Por eso, un régimen simplificado puede representar un beneficio económico aunque el impuesto propiamente dicho no desaparezca.

En una empresa que factura alrededor de $ 150.000 o $ 160.000 por mes, por ejemplo, una reducción de horas de trabajo administrativo o de servicios profesionales puede ser relevante.

El artículo 150 permite precisamente construir una respuesta adaptada a ese tipo de empresa.