Cada número que aparece en un balance, declaración o informe contable tiene un impacto real: en decisiones empresariales, inversiones y confianza de socios y clientes. Por eso, el anteproyecto que regula la profesión de contadores públicos en Uruguay no es solo un tema de especialistas: toca la vida de empresas, instituciones y la economía del país.

El proyecto define al contador público como persona física con título universitario habilitante, capaz de realizar actos exclusivos de la profesión: auditorías, dictámenes financieros, peritajes, asesorías fiscales, apertura de libros contables, informes de sostenibilidad y auditoría forense.

Podrá trabajar solo o en sociedad, pero siempre bajo la firma de un contador habilitado, garantizando responsabilidad y respaldo profesional.

Una de las novedades más relevantes es la mención explícita del Código de Ética del Colegio de Contadores. Aunque no lo convierte en delito incumplirlo, sí obliga a todos los contadores habilitados a actuar bajo estándares éticos.
Eso significa que no solo los asociados al Colegio deben cumplirlo; todos los profesionales que ejerzan la profesión. Además, los tribunales y organismos de control podrán usarlo como referencia en caso de conductas cuestionables.

La responsabilidad profesional también queda más clara. La empresa responde por la veracidad de sus números, pero el contador es responsable por la opinión que emite: si refrenda declaraciones fiscales con datos falsos, se activa la responsabilidad solidaria. En la práctica, esto significa que errores o fraudes afectan tanto a la empresa como al profesional. 

Por ejemplo, un contador que audita una compañía donde tiene intereses ocultos podría enfrentar sanciones del Colegio, daño reputacional y, si hay fraude, consecuencias legales.

En comparación con Argentina, donde la ley regula varias profesiones y establece escalas de honorarios y sanciones detalladas, Uruguay se enfoca en el contador, incorpora áreas modernas como auditoría forense y reportes de sostenibilidad, y permite libre negociación de honorarios. 

Sin embargo, prohíbe explícitamente el uso de inteligencia artificial en actos contables, buscando preservar la integridad profesional, aunque abre el debate sobre eficiencia y modernización.

Más allá de los contadores, este anteproyecto protege la confianza pública. Obliga a todos los profesionales a actuar con ética, transparencia y responsabilidad, reforzando la fiabilidad de la información financiera que usamos todos. No es solo un debate técnico: afecta decisiones de inversión, planificación y la manera en que la economía se mueve.

En definitiva, Uruguay está dando un paso para que los números que manejan empresas y ciudadanos no solo sean correctos, sino confiables y éticos. Y eso convierte a la regulación de la profesión contable en un tema de interés general, no solo de especialistas.